Nunca más casos como el de Teuchitlán

Nunca más casos como el de Teuchitlán

El descubrimiento de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, plantea interrogantes profundas sobre la relación entre el Estado mexicano y la delincuencia organizada, así como sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y justicia.

En México ha habido casos históricos de autoridades locales, policías o funcionarios que colaboran con grupos criminales, ya sea por corrupción, coerción o intereses compartidos. Está claro que en el Rancho Izaguirre agentes del Estado permitieron la operación del mencionado campo, lo que representa un nuevo caso claro de complicidad.

La omisión de investigar denuncias previas, proteger a las víctimas o actuar contra grupos criminales en la zona es un ejemplo de la complicidad pasiva que representa la política de abrazos y no balazos.

La debilidad institucional, la falta de recursos, la infiltración del crimen en las fuerzas de seguridad y la ineficacia de las políticas públicas de seguridad limitan la capacidad del Estado para prevenir o responder a crímenes de esta magnitud.

Jalisco es un estado con alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su poderío logístico y territorial. La existencia de un campo de exterminio refleja la incapacidad de las autoridades para contener su expansión, incluso con operativos federales.

En México se han documentado hallazgos similares, como fosas clandestinas en Guerrero, Tamaulipas o Veracruz, donde la colusión o la ineptitud estatal han sido factores recurrentes. Estos casos se vinculan a una combinación de corrupción, falta de coordinación entre niveles de gobierno y desconfianza ciudadana en las instituciones.

Un campo de exterminio sugiere crímenes de lesa humanidad, lo que obligaría al Estado a investigar con estándares internacionales. Si no hay avances, se reforzará la percepción de impunidad estructural.

Organismos como la CIDH o la ONU han señalado previamente la necesidad de que México fortalezca su sistema judicial y proteja a periodistas y defensores de derechos humanos, quienes suelen denunciar estos crímenes.

No toda incapacidad implica complicidad, pero la falta de resultados sostenidos en materia de seguridad (a pesar de los recursos asignados) alimenta sospechas. La militarización de la seguridad pública no ha reducido la violencia, lo que evidencia estrategias fallidas e intereses contradictorios.

En Teuchtitlán confluyen varios de los males que nos ha traído MORENA: corrupción, fragmentación del Estado de derecho y la penetración del crimen organizado en estructuras de poder.

Estamos construyendo un nuevo partido político para enfrentar el desafío de darle paz y futuro a los mexicanos; a todos los mexicanos sin distingo. No es casual que el nombre que proponemos para esta nueva fuerza política es el de México Nuevo, Paz y Futuro.

La paz es indispensable para el crecimiento del país. Sin paz no hay condiciones para la inversión, no hay educación, no hay salud; sin paz no hay libertad; sin paz el país seguirá en la espiral de descomposición, pobreza y desigualdad.

México Nuevo, Paz y Futuro propone como uno de los elementos fundamentales para alcanzar la paz el sacudir a la política de la delincuencia organizada, persiguiendo y encarcelando a los narco-gobernadores, a los presidentes municipales ligados a los delincuentes, a los funcionarios que los protegen o son parte de los grupos delictivos y a los legisladores que han buscado refugio en los congresos para evitar pisar la cárcel y operar en la impunidad.

Si estás de acuerdo en que necesitamos tener primero que nada al país en paz, te invitamos a sumarte a México Nuevo, Paz y Futuro, llamando a los teléfonos 55-5606-1894, 55-2924-5017 o 55-2837-3193. Juntos vamos a cambiar a México sacando a MORENA de Palacio Nacional.

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