La lucha contra la corrupción fue el eje central del discurso que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia en 2018. Sin embargo, seis años después, México ocupa el puesto 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2024), catorce puestos por debajo de su posición en 2018. Este retroceso contrasta con la narrativa oficial que insiste en que «los corruptos eran los conservadores».
El problema no solo persiste: ha mutado. La concentración de poder en la figura presidencial —facilitada por la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI)— ha creado un sistema donde la opacidad se institucionaliza. Ejemplo claro es el uso recurrente de la figura «obra de interés público y seguridad nacional» (aplicada a proyectos prioritarios como el Tren Maya, el AIFA o la refinería Dos Bocas), que bloqueó su fiscalización, según documenta Mexicanos Contra la Corrupción, cuando AMLO ya no está en funciones y se fue a su rancho “La Chingada”.
La estrategia de MORENA para manejar escándalos sigue un patrón recurrente:
- Ignacio Ovalle (SEGALMEX): El exdirector de la paraestatal, señalado por desvíos de $15,000 millones de pesos en la llamada «Estafa Maestra 2.0», no fue sometido a proceso. En su lugar, fue reubicado como coordinador regional de Programas Integrales de Desarrollo. Un guion similar al de Emilio Lozoya (Pemex), pero sin siquiera la simulación de un juicio.
- Francisco Garduño (INM): A pesar de la tragedia de Ciudad Juárez (40 migrantes calcinados en 2023), el titular del Instituto Nacional de Migración mantuvo su cargo hasta abril de 2024. La Fiscalía General de la República (FGR) solo actuó tras presión internacional, pero excluyó de responsabilidades a la cúpula.
- Cuauhtémoc Blanco (Morelos): El exgobernador morenista —investigado por lavado y vínculos con el Cártel de Tlapanalá— recibió fuero como diputado federal en 2024. Un movimiento calculado que impidió su enjuiciamiento, según denunció la organización Causa en Común.
- Adán Augusto, ex gobernador de Tabasco y ahora senador, ha sido señalado por Javier May de tener lazos con la delincuencia organizada mientras Adán Augusto disfruta del fuero como senador e incluso se inventa sus propios nuevos escándalos.
El reciente enfrentamiento entre la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle, y su antecesor Cuitláhuac García por el presunto desvío de $1,600 millones de pesos destinados a salud durante la pandemia revela la fractura interna. Aunque Claudia Sheinbaum intentó minimizar el caso en su mañanera del 12 de mayo de 2024, llamando a «no lavar trapos sucios en público», documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman irregularidades en 73% de los contratos analizados.
La negativa inicial a combatir el huachicol (2019-2021) y la producción de fentanilo —México es origen del 80% del que entra a EU, según la DEA— muestra cómo la política anti-corrupción se subordina a intereses geopolíticos. Solo tras la visita de una delegación del Senado estadounidense en enero de 2024 (presionada por las 110,000 muertes por sobredosis anuales en EU) se anunció un «operativo estratégico» en Sinaloa.
México Nuevo Paz y Futuro, partido político en formación, apuesta por instituciones blindadas, no por caudillos.
Ante la normalización de la corrupción en MORENA —y la complicidad histórica de los partidos tradicionales—, México Nuevo Paz y Futuro surge no como un proyecto electoral más, sino como una reingeniería ética del sistema político. Su propuesta se centra en cinco pilares innegociables:
1. Transparentar el gasto público:
Digitalización de todos los contratos gubernamentales en una plataforma pública con tecnología blockchain, imposible de alterar. Cada peso asignado a obras, salud o seguridad será rastreable en tiempo real por los ciudadanos.
2. Fiscalía Anticorrupción Autónoma:
Creación de una fiscalía especializada autónoma, dirigida por un comité internacional de expertos, similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006, que ha impactado significativamente al combatir la impunidad y la corrupción en ese país. La fiscalía que proponemos tendrá facultades para investigar cualquier funcionario, incluido el presidente.
3. Juicio político exprés y eliminación del fuero:
Derogación inmediata del fuero para todos los cargos públicos penas más severas y la inhabilitación perpetua para condenados por corrupción, sin amparos ni amnistías.
4. Premios y castigos ciudadanos:
Un sistema de recompensas del 10% del valor recuperado en casos de corrupción para quienes denuncien con pruebas.
5. Ahorro en el gasto público:
Para lograr las mejores condiciones para el estado mexicano vamos a llevar a licitación pública nacional o internacional, de acuerdo con el caso, del 85% mínimo en obras públicas y adquisiciones de los tres niveles de gobierno.
Ahora bien, ¿por qué un nuevo partido? La respuesta la dan los números: el 92% de los mexicanos desconfía de los partidos existentes (INEGI 2024), y con razón. MORENA heredó las prácticas del PRIAN (contratos a modo, nepotismo, opacidad) pero añadió un ingrediente letal: la retórica moralizante como cortina de humo. México Nuevo Paz y Futuro no solo evitará caudillismos —sus candidatos deberán renunciar a cargos públicos previos—, sino que propone un modelo donde las instituciones, no los líderes, sean el eje.
Mientras MORENA repite el mantra «no somos corruptos» para evadir responsabilidades, casos como los 126 contratos irregulares a empresas fantasma (documentados por Mexicans for Fair Taxes) demuestran que el problema es sistémico. Con 7 de cada 10 mexicanos creyendo que la corrupción aumentó (Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2024), la verdadera «transformación» pendiente es crear instituciones que sobrevivan a los sexenios.
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