A pocos días de que México elija, por primera vez en su historia, a ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y demás figuras judiciales mediante voto popular, es urgente analizar las implicaciones de la Reforma Judicial que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este cambio, inspirado en un modelo cuestionado y fracasado, amenaza con corroer la independencia del Poder Judicial y, con ella, los pilares del Estado de derecho.
El Fantasma de Bolivia: Un Modelo que México No Debería Imitar
No es casualidad que esta reforma evoque el experimento boliviano de 2009, cuando Evo Morales —aliado y referente ideológico de López Obrador— reformó la Constitución para consolidar su poder. Entre los cambios más polémicos estuvo la elección popular de autoridades judiciales, un sistema que, lejos de fortalecer la democracia, ha perpetuado la injerencia política en Bolivia. Aunque Morales justificó la medida como una forma de «democratizar la justicia», los resultados han sido desastrosos: tribunales sometidos al oficialismo, procesos judiciales manipulados contra opositores —como los emblemáticos casos de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho— y una ciudadanía que, en cada elección judicial, expresa su descontento con más del 40% de votos nulos o en blanco.
El paralelismo con México es alarmante. López Obrador —y ahora Claudia Sheinbaum—, al igual que Morales, han buscado sistemáticamente debilitar los contrapesos institucionales. La elección de jueces por voto popular no es más que un disfraz para transferir el control del Poder Judicial a las mayorías legislativas —dominadas por Morena—, quienes preseleccionan a los candidatos. ¿Realmente puede llamarse «democrático» un proceso donde los partidos políticos filtran a los aspirantes y la ciudadanía vota entre opciones previamente acotadas?
Las Lecciones de Bolivia: Baja Participación, Alta Desconfianza
Bolivia, con una población similar a la de la Ciudad de México (alrededor de 10 millones), implementó este modelo bajo una premisa engañosa: que los votantes conocerían a los candidatos judiciales. La realidad ha sido opuesta. En 2011, 2017 y 2023, los bolivianos acudieron a las urnas obligados por ley (con participación del 80-85%), pero entre el 42% y 55% de los sufragios fueron nulos o blancos, un grito de rechazo a un sistema que perciben como manipulado.
Peor aún, la calidad de la justicia se ha deteriorado. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en un acto de sumisión al oficialismo, permitió que Morales ignorara el resultado del referéndum de 2016 —donde el 51.3% rechazó su reelección indefinida— argumentando que su primer mandato (2006-2010) «no contaba». Este fallo, una burla al principio de alternancia, desencadenó una crisis política que culminó con la huida de Morales del país en 2019. ¿Es este el modelo que quiere replicar México?
Los Riesgos de la Reforma: Justicia sometida al Poder
La elección popular de jueces no solo es inédita, sino profundamente riesgosa. Entre sus peligros:
1. Politización de la justicia: Los jueces, necesitados de apoyo electoral, podrían priorizar agendas partidistas sobre la ley. En Bolivia, esto se tradujo en sentencias favorables al gobierno, como la inhabilitación de candidatos opositores bajo argumentos dudosos.
2. Captura por grupos de poder: En México, donde el crimen organizado influye en elecciones locales, ¿qué impedirá que infiltren campañas judiciales? Un juez electo en zonas controladas por narcos podría convertirse en un títere.
3. Incompetencia técnica: Al priorizar la popularidad sobre los méritos, se corre el riesgo de elegir a jueces sin experiencia. En Bolivia, la Asamblea Legislativa (controlada por el MAS de Morales) ha sido acusada de excluir a candidatos calificados por no alinearse políticamente.
4. Erosión de derechos humanos: Un Poder Judicial dependiente del gobierno difícilmente actuará como garante frente a abusos del Ejecutivo. Basta recordar cómo los tribunales bolivianos avalaron la represión durante la crisis de 2019.
Las Promesas Vacías de Morena: ¿Democracia o Control?
Morena defiende esta reforma como un avance democrático, pero su retórica oculta un objetivo claro: controlar la justicia. No es coincidencia que la reforma se apruebe en un contexto donde López Obrador ha atacado reiteradamente a la Corte —llamándola «conservadora» por frenar iniciativas suyas como la militarización de la seguridad pública—. Al someter la elección de jueces al vaivén electoral, se abre la puerta a una justicia funcional al proyecto hegemónico del partido en el poder.
El caso del Tribunal de Disciplina Judicial es sintomático. Este órgano, que sanciona a jueces, será elegido por voto popular, lo que podría usarse para castigar a magistrados críticos y premiar a los leales. ¿Qué independencia puede esperarse si los jueces temen ser removidos por decisiones contrarias al gobierno?
México Nuevo Paz y Futuro: Acciones Urgentes para una Justicia Autónoma
Ante la imposibilidad de revertir la reforma en el corto plazo —dada la mayoría legislativa de Morena—, el partido en formación México Nuevo Paz y Futuro impulsa acciones concretas para proteger la independencia judicial dentro del marco actual. Sus propuestas, aunque limitadas por el contexto político, buscan crear diques de contención ante el avance del control oficialista:
– Campañas de educación cívica transversal: En alianza con universidades y medios independientes, proponen desplegar programas para informar a los votantes sobre el perfil técnico que deben exigir a los candidatos judiciales, evitando que las elecciones se reduzcan a ejercicios de popularidad o lealtad partidista.
– Auditorías ciudadanas a los comités pre-seleccionadores: Con participación de académicos, organizaciones civiles y colegios de abogados, buscan transparentar los criterios de selección de candidatos y exponer cualquier filtro político.
– Plataformas de vigilancia ciudadana: Herramientas digitales para monitorear el desempeño de los jueces electos, vinculando su permanencia a evaluaciones periódicas basadas en rendimiento, no en obediencia al poder.
Estas medidas, insuficientes ante la magnitud del problema, son un paso más para movilizar a la sociedad en defensa de una justicia eficaz e independiente. México Nuevo Paz y Futuro reconoce que solo una reforma integral —que reinstaure concursos por méritos y elimine la elección popular— resolverá el fondo del conflicto. Sin embargo, en un escenario donde Morena controla los hilos del proceso, estas acciones buscan sembrar resistencia desde la sociedad: un recordatorio de que la justicia no es botín político, sino pilar de la democracia.
Este domingo daremos el primer paso quienes simpatizamos con México Nuevo Paz y Futuro, asistiendo a la Mega Marcha Nacional para protestar contra la farsa en la elección del poder judicial en la Ciudad de México y en los estados de la república conforme se ha convocado.
Porque defender la Independencia Judicial es defender la democracia, por eso te invito a que participes en la creación de una alternativa de oposición real a MORENA, llamando a los teléfonos 55-5606-1894, 55-2924-5017 o 55-2837-3193 o bajando la aplicación Mi Apoyo del INE y afiliándote desde tu celular.
A jueces, magistrados, a quienes formaron parte del poder judicial, a los académicos interesados en el tema, los invitamos a participar en las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, ya sea como afiliados o como candidatos externos a México Nuevo Paz y Futuro, para lograr una representación sólida académicamente que garantice una nueva reforma judicial que garantice independencia y calidad en la impartición de la justicia.
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