Nunca más casos como el de Teuchitlán II

Nunca más casos como el de Teuchitlán (II)

En el apacible municipio de Teuchitlán, Jalisco —conocido por sus paisajes agaveros y el sitio arqueológico de los Guachimontones—, el Rancho Izaguirre se ha convertido en el epicentro de una polémica que sacude a México: un lugar donde convergen denuncias de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y la lucha incansable de colectivos de madres buscadoras. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito ha escalado a un debate nacional sobre impunidad, violencia y narrativas oficiales.

En 2024, elementos de la Guardia Nacional ingresaron al Rancho Izaguirre durante un operativo rutinario. Según reportes locales, encontraron estructuras sospechosas, objetos personales abandonados y posibles evidencias de actividades ilegales. Sin embargo, las autoridades federales no profundizaron en la investigación ni difundieron detalles públicos. Para organizaciones civiles, esta omisión refleja un patrón de opacidad que alimenta la desconfianza ciudadana.

Grupos como Madres Unidas por los Desaparecidos de Jalisco tomaron la iniciativa de inspeccionar el rancho ante la inacción estatal. Lo que hallaron fue escalofriante: montañas de zapatos, ropa desgarrada y fosas con residuos de combustión, similares a las usadas para incinerar cuerpos. Para ellas, estos indicios sugieren que el sitio pudo funcionar como un centro de exterminio clandestino, vinculado a redes de secuestro y tráfico de personas.

«En cada zapato vemos a un hijo, a un ser querido que el Estado no ha buscado», declaró una integrante del colectivo, según relataron los medios. Estas mujeres, convertidas en investigadoras forenses empíricas, exhumaron verdades que las instituciones han ignorado durante años. Al Estado corresponde investigar y aclarar lo que ahí sucedió durante varios años.

El gobierno federal ha minimizado los hallazgos, catalogando al Rancho Izaguirre como un «centro de entrenamiento para fuerzas de seguridad». Aunque no se han proporcionado pruebas contundentes, funcionarios insisten en que las instalaciones servían para capacitar personal en tácticas antidrogas. No obstante, testimonios recopilados por medios independientes y vecinos sugieren otra realidad: presunto reclutamiento forzoso de jóvenes y niños, unos llevados al sitio con engaños bajo promesas de empleo y otros literalmente secuestrados, lo que inevitablemente nos recuerdo a lo que sucede en países como Afganistán, Siria, Yemen o Irak, por mencionar por mencionar algunos países, donde ocurre con mayor frecuencia el reclutamiento forzoso de infantes para llevarlos a la guerra.

Organismos internacionales como la CIDH han señalado que México enfrenta un problema grave de desapariciones con participación de agentes estatales, pero las autoridades actuales niegan cualquier vínculo.

Ante la presión mediática, el gobierno no solo ha desacreditado a las madres buscadoras, sino que las acusa de orquestar una «campaña de desestabilización» para dañar su imagen. Esta retórica, que incluye descalificar a periodistas críticos como parte de una «mafia del poder», recuerda estrategias del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien frecuentemente atribuía las críticas a intereses oscuros en lugar de abordarlas.

Este enfoque busca controlar la narrativa pública en un año electoral clave, por el proceso de elección de jueces y magistrados, evitando que casos como el del Rancho Izaguirre expongan fallas en seguridad o corrupción. «Es más fácil señalar a las víctimas que asumir responsabilidades», advierte un informe de la Universidad de Guadalajara.

Mientras el pueblo de Teuchtitlán intenta mantener su imagen de destino cultural, la sombra del Rancho Izaguirre amenaza con eclipsar su identidad. Activistas exigen una investigación internacional independiente, pues desconfían de instancias mexicanas ante casos como Ayotzinapa o los más de 110,000 desaparecidos reportados oficialmente.

El caso del Rancho Izaguirre no es aislado: es un síntoma de la normalización de la violencia y la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Las madres buscadoras, convertidas en símbolo de resistencia, desafían no solo a cárteles, sino a un Estado que parece más interesado en proteger su reputación que en buscar justicia.

Como escribió Elena Poniatowska: «En México, la verdad duele, pero el silencio mata». Hoy, en Teuchitlán, esa verdad sigue enterrada… y las madres no descansan.

Para lograr una verdadera recuperación, la nación exige con urgencia un giro en su dirección política que no pueden ofrecer los partidos que hoy comparten el poder. Ni MORENA, infiltrado por los sectores más cuestionados del PRI, junto a sus aliados del Partido Verde y el PT —organizaciones marcadas por la corrupción—, o Movimiento Ciudadano, controlado por Samuel García, el desacreditado gobernador de Nuevo León y aliado encubierto del presidente López Obrador, ni lo que queda del PAN.

Todos estos partidos demuestran una clara inclinación por el poder y el enriquecimiento personal sobre el bien común. Por eso resulta ilusorio pretender una auténtica transformación del Estado a través de los partidos existentes, desgastados y permeados por prácticas corruptas.

Este año puede marcar el principio del fin de la ineficacia, la podredumbre y la opacidad de los gobiernos mexicanos para llevar al país al lugar que se merece en el concierto de las naciones, con el nacimiento de nuevas fuerzas políticas.

México Nuevo, Paz y Futuro, es un partido en formación que busca hacer realidad la paz en todo el territorio, como fundamento para el crecimiento, la justicia, la equidad y la inclusión. La paz, insisto, necesaria para poder avanzar en todos los frentes: en una mejor educación, en el desarrollo tecnológico, en la construcción de infraestructura para el progreso.

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